Fallece Maricarmen Abascal a los 87 años: la han exprimido hasta el último aliento

Qué ha pasado

Maricarmen Abascal, de 87 años, con discapacidad y movilidad reducida, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La noticia la ha difundido el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado, y la recogen medios como El Mundo y Okdiario. La mujer llevaba ingresada desde el mismo día de su desahucio, el pasado 23 de septiembre.

Ese día, una comisión judicial ejecutó la orden de lanzamiento de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, donde había residido durante unos 71 años con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Según los medios que cubrieron el desalojo, Maricarmen salió del edificio en camilla y fue trasladada en ambulancia al Gregorio Marañón, donde permanecía hospitalizada. En la calle, centenares de personas se concentraban frente al inmueble.

Días después llegó la noticia que parecía cerrar el caso: el 28 de septiembre, sus representantes y la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, alcanzaron un acuerdo, con mediación del Ayuntamiento de Madrid a través del Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS. El pacto permitía a Maricarmen volver a su casa una vez recibiera el alta. El alta no llegó.

Los 15 días que han puesto la vivienda en el centro del país

• 23 de septiembre. Se ejecuta el lanzamiento. Maricarmen sale en camilla y es ingresada en el Gregorio Marañón. Empiezan las concentraciones y la indignación en redes.
• Días siguientes. El caso se convierte en movilización nacional: manifestaciones, el lema «Ni una Maricarmen más» y una acampada en la Puerta del Sol.
• 28 de septiembre. Acuerdo con la propietaria para que pueda regresar a casa al recibir el alta. Su abogada, Beatriz Duro, lo describe como un posible «hito histórico».
• Finales de septiembre. El Gobierno aprueba dos reales decretos de vivienda —los llamados decretos Maricarmen— que el Congreso rechaza. La crisis política desemboca en el adelanto electoral al 29 de noviembre.
• 7 de octubre. Maricarmen fallece. Centenares de personas marchan hacia el Congreso, son detenidas en la calle Cedaceros, encienden velas y guardan un minuto de silencio.
• Después. CCOO y UGT anuncian una huelga general de 24 horas por la crisis de la vivienda.

«Asesinos»: qué se gritó, qué se sabe y qué dice la ley

La reacción en la calle fue inmediata. Según la cobertura de Okdiario, los participantes en la acampada de Sol se desplazaron a los alrededores del Congreso coreando «asesinos», «no son muertes, son asesinatos», «rentistas culpables, Gobierno responsable» y «Maricarmen somos todas». Un portavoz, megáfono en mano, reclamó seguir con las protestas: «El mejor homenaje que podemos hacerle es seguir con la lucha». Se desplegó un fuerte dispositivo policial y los manifestantes fueron detenidos en la calle Cedaceros, donde encendieron velas y guardaron un minuto de silencio.

Conviene ser preciso con las palabras, porque aquí está el nudo de todo:

En España, calificar unos hechos como homicidio o asesinato corresponde en exclusiva a un juez tras una investigación. Un grito en una plaza es una expresión política; una acusación penal es otra cosa y exige pruebas. Confundirlas no solo es injusto para quien no ha sido declarado culpable de nada: también debilita la reclamación legítima que hay detrás, que es la de que nadie muera esperando una vivienda.

La pregunta incómoda: ¿se pudo evitar?

Aquí es donde conviene separar la emoción del dato. Lo que el Sindicato de Inquilinas sostiene es que la muerte fue «absolutamente evitable» tras un procedimiento que describe como «torturante». Es una valoración dura y es suya; se cita como tal. Lo que sí son hechos es el calendario: una mujer de 87 años con movilidad reducida sale de su casa en camilla, queda ingresada y muere 15 días después, justo cuando ya tenía firmado el regreso pero antes de que le dieran el alta.

De ahí surgen preguntas legítimas, no insinuaciones: ¿se valoró su estado de salud antes de ejecutar el lanzamiento? ¿Se pidió algún informe médico o forense previo? ¿Hubo oferta de alternativa habitacional? ¿Se podía haber suspendido la ejecución? ¿Por qué se tardó dos semanas en cerrar un acuerdo que devolvía la casa? Ninguna de esas preguntas tiene hoy respuesta oficial pública.

La política, en el aire

El caso ha dejado de ser una historia personal para convertirse en el eje de la legislatura. El Gobierno llevó al Congreso dos reales decretos de vivienda, los decretos Maricarmen: fueron rechazados, con el voto de Junts entre otros, y el rechazo precipitó la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El Ejecutivo ha anunciado que volverá a intentarlo en la Diputación Permanente, y el PSOE confía en que las movilizaciones por la vivienda le den algún rédito pese a los sondeos. A la ecuación se suma ahora la huelga general convocada por CCOO y UGT.

En el otro lado, la lectura de Okdiario es que el caso ha servido para «lanzar a la izquierda contra PP y Vox». Esa es su interpretación editorial y así se cita. Lo cierto es que, con una muerte de por medio, todos los actores afrontan el mismo riesgo: que la polémica se coma a la persona.

Para el mercado inmobiliario, el efecto es tan previsible como incómodo: cada caso de este tipo empuja a más propietarios a retirar vivienda del alquiler residencial o a blindar los contratos, lo que reduce oferta y sube precios. Y a la vez, deja al descubierto que un parque de alquiler social muy inferior al europeo obliga a resolver caso a caso lo que debería resolverse por sistema. (Opinión de Pisova: la indignación es necesaria, pero sin vivienda pública no hay solución que dure.)

Quién era Maricarmen

Maricarmen vivió unos 71 años en el mismo piso. Durante los días posteriores al desahucio siguió publicando vídeos desde la cama del hospital y dejó frases que hoy circulan como consignas. Esta, recogida por El Mundo, resume su postura: «No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya». A su entorno le pedía algo concreto: «Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro». El Sindicato de Inquilinas sostiene ahora que lo ocurrido «sin duda supone un antes y un después en la historia de este país».

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